El reconocimiento a la complejidad de la tarea docente y el rol insustituible que tienen en los aprendizajes de las y los estudiantes, ha hecho que en Chile, así como en muchos países, se avance en una política de estándares que genere acuerdos sobre lo que se considera una buena enseñanza. Para ello definen un lenguaje y significado común para la discusión y reflexión profesional sobre la preparación de la enseñanza, su práctica, la responsabilidad profesional que la media y su mejoramiento (Clinton et al., 2017). Estos acuerdos se instalan como punto de referencia común para todo el sistema educativo, de formación de futuros profesores y del sistema escolar, sentando bases para la reflexión y diálogo entre diversos actores, facilitando la articulación entre diferentes procesos de formación docente, iniciales y continuos, y permitiendo orientar el desarrollo profesional de las y los docentes hacia marcos de calidad establecidos.
De este modo, el sentido de una política de estándares de la profesión docente se basa en la certeza de la relevancia y complejidad de la enseñanza y en la visión de una política educativa que decide acompañar esta función, sistematizando en estándares un cúmulo de experiencia y aprendizaje de docentes, para ponerlo a disposición de las universidades y sus procesos formativos, otros docentes y de su aprendizaje profesional continuo, de los directivos desde su rol prioritario de empujar este aprendizaje, y la política pública, que debe promover el desarrollo profesional y evaluar el desempeño para generar insumos que nutran este aprendizaje.